El Presidente Moreno cumple los 100 días de Gobierno

Esta semana se cumplieron los 100 días del Gobierno de Lenín Moreno. Durante este período, el Gobierno marcó claramente una diferencia con el Gobierno de Rafael Correa. Sin embargo, en este lapso abundaron los anuncios, pero no se tomaron acciones concretas para enfrentar la profunda crisis económica por la cual está atravesando el país. A continuación se detallarán lasprincipales medidas tomadas en el ámbito político y económico. Asimismo presentaremos recomendaciones sobre lo que falta por hacer para asegurar el crecimiento económico y el bienestar de la población para fortalecer la democracia en el Ecuador.

Económico En el ámbito económico, el nuevo Gobierno no tiene una ruta clara para manejar la economía ecuatoriana. Esta situación se evidencia en la Proforma Presupuestaria 2017 que presentó a consideración de la Asamblea y que fue aprobada el jueves 31 de agosto del presente año, en donde se muestran las metas pero no el camino a seguir para cumplirlas. Sobre este aspecto, es importante resaltar, que el Gobierno actual transparentó las cifras económicas, mostrando indicadores alarmantes sobre deuda, déficit fiscal y crecimiento del PIB. Ante ello, el Gobierno sostuvo que en el mes de septiembre se entregaría a la Asamblea el presupuesto para el 2018, y el plan económico para el cuatrienio. Entre los aspectos a resaltar se encuentran los siguientes: Se gastará más que en 2016. El monto de la proforma presupuestaria (PP) 2017, aprobado por la Asamblea Nacional asciende a $36.818 millones. Cifra que equivale a un 8% más que el presupuesto devengado y 2% más del codificado del año pasado. Más carga tributaria. En la PP se prevé un aumento en la recaudación tributaria. La nueva meta recaudatoria es de $13.175 millones, es decir, que aumentará en un 1% con relación al año anterior, pasando del 12,7% al 13,7%. Déficit fiscal cerrará este año en 4,7% del PIB. El déficit fiscal para 2017 es de $4.795 millones. Para el 2017, solamente el financiamiento público, asciende a $11.670 millones. Esto representa casi la tercera parte de la Proforma del Presupuesto General del Estado. Ecuador crecerá lentamente hasta 2019. La economía ecuatoriana crecerá a tasas entre 0,71% hasta 2,49% entre 2017 y 2020. Según el Banco Central, la economía nacional saldrá de la recesión en 2017 pero su potencial de crecimiento alcanzará niveles de 1,6% en 2018, 2,39% en 2019 y 2,49% en 2020. No obstante, estas proyecciones del Banco Central muestran un desempeño por debajo del promedio de crecimiento económico mundial que el Fondo Monetario Internacional calculó entre 3,5% y 3,6% para 2017 y 2018 respectivamente. Con las cifras de crecimiento que planea el Gobierno en sus proyecciones, el ingreso per cápita real permanecerá en el nivel que se registró en el 2014. Nuevo Gobierno, nueva deuda. Durante la primera semana del nuevo Gobierno, se contrajo más deuda. El 30 de mayo, seis días después de iniciar su mandato, el Ministerio de Economía y Finanzas anunció una emisión por $2.000 millones en bonos soberanos. La transacción se realizó en dos tramos: $1.000 millones a 6 años plazo, con una tasa del 8,75% y $1.000 millones a 10 años, con una tasa de $9,625%. En 2 años y medio Ecuador ha realizado emisiones de bonos que suman $9.250 millones de dólares, que se pagarán hasta 2026. La deuda superaría el límite legal de endeudamiento. La deuda pública de $41.893 millones supera el límite legal del 40% con relación al PIB. Si se suman otros pasivos del Estado que bordean los $16 mil millones, la deuda total ascendería a los $56 mil millones, más de la mitad del PIB, superando con holgura, el límite legal del 40%. Sin embargo, la metodología contable que utiliza el FMI establece que para calcular el monto de la deuda pública se tomará en cuenta la deuda consolidada, que excluye las obligaciones del Estado con otras entidades públicas. Con ese cálculo, la deuda se ubica en un 30% del PIB. Consejo Consultivo Productivo Tributario. Vía Decreto, el Presidente Moreno creó el Consejo Consultivo Productivo Tributario conformado por funcionarios públicos y representantes de los sectores productivos, con el fin de emitir recomendaciones, propuestas de políticas y normativas para mejorar la productividad y competitividad del país. En un principio el Consejo fue presidido por el Vicepresidente de la República, Jorge Glas. Sin embargo, dado que el Presidente le retiró las funciones que le había encomendado en un principio, pasó a ser presidido por la economista Eva García, Ministra de Industrias. Hasta el 25 de agosto, este Consejo organizó 15 mesas sectoriales, con 886 participantes, de los cuales el 75% fueron representantes de la empresa privada. Dinero electrónico en manos del sector privado. Durante la presente semana, representantes de la banca privada, reunidos con el Presidente y funcionarios de alto nivel, acordaron que a partir de enero del 2018, el dinero electrónico será manejado por las instituciones financieras privadas. Se llegó a un acuerdo en los siguientes puntos: sistema de pagos digitales, creación de líneas de crédito con tasas preferenciales y la ampliación del sistema móvil de pagos. Asimismo se reformará el Código Orgánico Monetario y Financiero para permitir que el sector privado sea parte de la administración del dinero electrónico utilizando su propia plataforma. ¿Más proteccionismo comercial? Este año, finalmente se desmontaron las salvaguardas pese a que el Gobierno pidió su extensión en varias ocasiones. Ante ello, el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, señaló que posiblemente se implementen medidas arancelarias para proteger la Balanza de Pagos. Por otro lado, anunció que buscará firmar acuerdos comerciales con países como Estados Unidos, Corea, Japón e India, pero ratificó que no serán Tratados de Libre Comercio. Compromiso de fortalecer la dolarización. Durante su discurso de posesión, Lenín Moreno anunció que en su Gobierno se fortalecerá la dolarización y que no existirá una moneda paralela. Moreno sostuvo: “Vamos a sostener la dolarización. Para ello impulsaremos todas las políticas y actividades que permitan sumar dólares a nuestro país. No tendremos una moneda paralela”. ”. Medidas de austeridad. Como medidas de austeridad el Presidente anunció cuatro, entre ellas: - La venta de uno de los dos aviones que usa la Presidencia de la República. - La venta de los automóviles de lujo del Gobierno. - Reducción del 10% del sueldo de los servidores públicos de nivel jerárquico superior. - La venta de todos los bienes inmuebles propiedad de la empresa pública Inmobiliar. Según los titulares del Ministerio de Trabajo y de Inmobiliar, estas medidas le generarían al Estado uno $140 millones que se utilizarán como parte del financiamiento del programa “Casas para Todos”. Político En el plano político, la preocupación principal del actual Gobierno es la lucha contra la corrupción. Durante los primeros 100 días del Gobierno actual, se realizaron importantes avances en la investigación del caso Odebrecht. Asimismo, se realizaron varios anuncios sobre posibles reformas a la Ley de Comunicación y la Ley de Plusvalía, sin embargo, hasta la fecha no se ha realizado cambios de fondo en lo institucional. Se abre la posibilidad de una consulta popular. Durante la rendición de cuentas semanal No. 13, el Presidente expresó que llamaría a una consulta popular “si se quiere obstruir la verdad o poner en riesgo la institucionalidad del país”, en referencia a las acciones que lleva su Gobierno para luchar contra la corrupción. Sin embargo, no especificó los temas que se incluirían en la consulta. Carlos Pólit es procesado por corrupción. En junio 2017, el ex contralor de la nación, renunció a su puesto y actualmente es procesado por asociación ilícita, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros. Por ello, enfrentó un juicio político en donde fue censurado por la Asamblea de manera unánime, y actualmente enfrenta acciones penales. Pólit fue el Contralor durante los 10 años del gobierno de Rafael Correa. Este año, fue reelegido hasta 2022 por la Comisión de selección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que le otorgó una calificación de 95 sobre 100. Jorge Glas enfrentará juicio penal. El pasado 25 de agosto, la Asamblea Nacional autorizó por unanimidad la vinculación del Vicepresidente al caso Odebrecht que se ventila en la Corte de Justicia. El 21 de agosto, la Fiscalía vinculó a Glas en la investigación de Odebrecht bajo el presunto delito de asociación ilícita. Sumado a aquello, hace un mes el Presidente le retiró todas las funciones, sin embargo, no le pidió su renuncia. Se aprobó la Ley de Paraísos Fiscales. El pasado 6 de julio la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Paraísos Fiscales, esta ley impide ejercer cargos públicos a cualquier funcionario y dignatario de elección popular que tengan bienes en paraísos fiscales. El Presidente realizó 7 objeciones a la Ley, entre ellas, una excepción para los funcionarios públicos que ejerzan funciones en representación del Estado en un país considerado como paraíso fiscal. Los cambios propuestos no alteran el objetivo principal de la ley: condenar el destino de la riqueza más no su origen. El pasado 24 de agosto, la Asamblea aprobó 4 de 7 objeciones realizadas por el Presidente.

Recomendación de la Fundación Ecuador Libre Económico Menor carga tributaria para dinamizar la economía. Durante los 10 años del correísmo, se realizaron 28 reformas tributarias, aumentando la presión fiscal en el país y obstruyendo el crecimiento económico. Por ello, se debe establecer un régimen tributario que favorezca la producción. Se deben eliminar impuestos como el de la salida de divisas, el impuesto verde, el impuesto a la plusvalía, el anticipo al impuesto a la renta, entre otros, que son excesivos y distorsivos. Asimismo, es necesaria una simplificación de trámites y criterios tributarios para mayor claridad del contribuyente. Por otro lado, se necesita un compromiso con la estabilidad normativa, es decir, que no se cambien las reglas repentinamente y también una tregua tributaria. Así, el país se puede convertir en un imán de capital extranjero para generar crecimiento económico. Mayor apertura comercial. El comercio representa el 10% del PIB nacional. En 2016, esta actividad generó $9,924 millones para el país. La firma de más acuerdos comerciales es igual a mayor crecimiento económico y mejores ingresos para los ecuatorianos. Sin embargo, Ecuador mantiene 33 instrumentos comerciales suscritos desde 2007 y no tiene un acuerdo comercial formal con su mayor socio comercial, Estados Unidos. Dado que este año caducan las preferencias arancelarias con EEUU, es imprescindible que se negocie un acuerdo de libre comercio con este país lo antes posible pues es un mercado de 300 millones de personas con un alto poder adquisitivo. Además, se debería considerar ingresar a la Alianza del Pacífico, para ampliar el mercado de los productos ecuatorianos. Se necesita un verdadero ajuste en las finanzas públicas. El nivel de deuda, gasto corriente y el financiamiento del Estado, son alarmantes. La PP 2017 nos muestra que se pretende gastar más que el año pasado, pese a que la deuda y el déficit han aumentado. Por ello, es necesario generar sostenibilidad fiscal, mediante el compromiso del Gobierno a no gastar más de lo que ingresa. Más inversión privada, más crecimiento económico. La inversión pública ha sido el motor de la economía los últimos 10 años e incluso desplazó a la inversión privada en su aporte al crecimiento económico del país. Sin embargo, esta situación enfrentó varios problemas luego de la caída del precio del petróleo que alimentaba dicha inversión. Por eso es importante abrirle camino a los inversionistas privados, nacionales y extranjeros, para fomentar la producción y el empleo de calidad. La inversión extranjera directa en Ecuador para 2016, fue apenas de $744 millones mientras nuestros vecinos recibieron más del doble y crecerán más que nuestro país en los siguientes años, por ello, es necesario incentivar la inversión privada, tanto local y extranjera. Político Recuperar la certidumbre institucional. La concentración de todos los poderes del Estado en el Ejecutivo ha debilitado a las instituciones encargadas de legislar, fiscalizar, administrar justicia y controlar el manejo de los recursos públicos. Es decir, el principal problema del Gobierno actual es político, luego técnico. Inspira desconfianza y genera incertidumbre. Ley de Comunicación debe ser derogada. Desde junio, se anunciaron posibles reformas en esta materia, entre ellas, eliminar el linchamiento mediático y la sanción por censura previa, a pesar de esto, no se han realizado acciones concretas. Durante el Gobierno anterior, la Ley fue abusada por el régimen para perseguir a medios y periodistas. Incluso, se utilizó a la función judicial para dicho fin. Es importante resaltar que en los 3 años de vigencia de la ley, el 73% de las denuncias en contra de los medios, son realizadas por funcionarios públicos y apenas el 23% por la ciudadanía. Por otro lado, el 98% de las sanciones son hacia los medios privados y apenas el 2% para los públicos: 390 medios independientes fueron sancionados mientras que los estatales fueron tan solo 8. Por ello, la Ley de Comunicación es una herramienta oficialista para censurar y limitar la libertad de expresión. Se debe eliminar la reelección indefinida. En 2015, la Asamblea Nacional aprobó las reformas a la Constitución, entre ellas la reelección indefinida. Por primera vez en la historia republicana del Ecuador, se permitió la elección sin límites de un Presidente. Sin embargo, este cambio pone en riesgo la alternancia, no solo de gobernantes sino también de ideas. Además, debilita la fiscalización en el país dado que varias autoridades de control son electas por el mismo Presidente, que puede reelegirse una y otra vez. La reelección indefinida refuerza el hiperpresidencialismo en el Ecuador y debilita el Estado de Derecho, por es razón debe ser derogada. Despolitizar los organismos de control. Hoy el elemento de nuestro diseño constitucional más lesivo a la vigencia de un verdadero Estado de Derecho es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (en adelante CPCCS), por ello debe ser eliminado. Esta institución, se convirtió en el eje articulador del control que ejerce la Presidencia de la República sobre toda la estructura estatal. Esto ocasiona un problema porque tenemos un entorno institucional dominado por un partido político determinado. Se trata de instituciones tan importantes como la Corte Constitucional, Contraloría, Consejo Nacional Electoral, Consejo de la Judicatura, Superintendencias, etc. Su continuidad sería un impedimento para fortalecer la institucionalidad del país y para exigir rendición de cuentas a la administración saliente. Por ello es imperativo que sean reemplazados en el menor tiempo posible por personas independientes y capacitadas para el cargo.