Transparencia de las Cuentas Públicas

En el año 1998, el FMI, introdujo un Código orientado a establecer una serie de normas que garanticen las buenas prácticas orientadas a transparentar las cuentas públicas. Este Código fue producto de un consenso entre países miembros sobre la importancia de la transparencia fiscal para un buen gobierno que permita lograr la estabilidad macroeconómica y un crecimiento sostenido. En el mismo año, se publicó la primera edición del Manual de Transparencia Fiscal con el propósito de ampliar y explicar los principios del Código.

Las prácticas de transparencia en el manejo de las cuentas públicas parten del hecho de que la ciudadanía tiene el derecho de ser informado del manejo de los recursos con que contribuye para el funcionamiento del Estado. Debe quedar claro, que los contribuyentes, que son todas las personas naturales y jurídicas que aportan a través del pago de los impuestos y contribuciones al financiamiento del Estado, tienen el derecho de ser informados sobre la correcta utilización de los recursos que aportan. Los gobiernos, al proveer a la ciudadanía la información de manera oportuna, hacen que estos evalúen de manera objetiva, los resultados de la aplicación de las diferentes políticas. Por lo tanto, para lograr la transparencia de las cuentas públicas es necesario proveer información completa y veraz sobre las actividades pasadas, presentes y futuras del gobierno. La fiscalización que ejerce la sociedad gracias a la información oportuna que le proporciona el gobierno, permite alentar a los gobiernos a adoptar políticas económicas apropiadas para lograr una mayor estabilidad financiera.

Con relación a países que dependen en gran medida de ingresos provenientes de la venta de recursos naturales, el FMI publicó en el año 2005, una Guía sobre la transparencia del ingreso proveniente de los recursos naturales. Este tema es sumamente importante, dada la opacidad con que se han manejado en el Ecuador los créditos que se han garantizado con petróleo, y las ventas anticipadas de crudo cuyo contenido contractual la sociedad desconoce. De ahí la importancia de desarrollar este tema en el presente trabajo

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Información sobre la Deuda Pública

La información completa sobre la deuda pública, tanto interna como externa, es de vital importancia para realizar los análisis de sustentabilidad fiscal. En este sentido, se deben eliminar arbitrios legales que clasifican a la deuda pública según su plazo de vencimiento, eliminando de su contabilización la deuda menor a un año plazo. Así mismo, la interpretación arbitraria del Manual de Contabilidad del FMI, para netear la deuda entre el gobierno e instituciones que no forman parte del gobierno central, tales como la deuda del gobierno central con el Instituto de Seguridad Social y con el Banco Central, distorsionan los indicadores que miden el nivel de endeudamiento del país y atenta en contra de la transparencia que debe de existir en la divulgación de la estructura de la deuda pública. Finalmente, clasificar de reservados los contratos de deuda basados en un artículo confuso de la ley, que determina que mientras no se hayan concluido las negociaciones con el acreedor, los contratos no se podrán hacer públicos, lo que va en contra de los principios de transparencia que deben primar en el manejo y utilización de los recursos que provienen por concepto de la venta de los recursos naturales de propiedad del Estado que pertenecen a todos y cada uno de los que forman parte de la sociedad.

Transparencia delos ingresos proveniente de los recursos naturales

Como lo mencionáramos a la introducción del presente trabajo, en el año 2005 el FMI desarrolló la Guía para que los países que dependen en alto grado de los ingresos provenientes de los recursos naturales la utilicen para transparentar sus ingresos. Se debe reconocer, que existen una serie de problemas que plantea la magnitud de los recursos que recibe un país por la explotación y venta de los recursos naturales que posee, a los que se suma la complejidad y la volatilidad de los flujos de transacción lo cual exige una divulgación detallada de los contratos y asociaciones con terceros.

En la literatura económica, existen una serie de estudios que vinculan la abundancia de los recursos naturales con el desempeño económico. No todos son positivos, más bien relacionan a los ingresos por la explotación de recursos naturales con malos resultados económicos, lo que se ha dado en llamar la maldición de los recursos naturales. Sin embargo, la creación de una institucionalidad tendiente a administrar de manera transparente y responsable los recursos provenientes de los recursos naturales, ha llevado a un grupo de países a utilizar esa riqueza para preservar la estabilidad económica y el mejoramiento social de sus poblaciones. Las políticas que contemplan que el beneficio presente debe en parte acumularse para beneficiar a las futuras generaciones, lo que se llama políticas inter generacionales, parten del principio que la distribución de la riqueza debe ir más allá del presente y mirar hacia el futuro para mantener el bienestar que proporciona la abundancia de recursos finitos.

Para tener éxito en el diseño y aplicación de políticas que acumulen recursos en beneficio de las futuras generaciones hay que lograr consensos entre los diferentes sectores de la sociedad para garantizar su permanencia. Toda sociedad, por más rica que sea económicamente hablando, tiene necesidades insatisfechas por resolver, por lo cual, instituciones que tengan como objetivo acumular recursos provenientes de la abundancia de recursos, para atender necesidades futuras debe contar con amplio apoyo político, que no permita la utilización de esos recursos para satisfacer ofertas populistas, que fue lo que aconteció en el Ecuador cuando se eliminaron los Fondos de Ahorro provenientes de parte de los ingresos petroleros, para incrementar el gasto público. En este sentido, la transparencia en el manejo de los recursos naturales, puede contribuir a crear y mantener la credibilidad en cuanto a la recaudación y distribución de los ingresos provenientes de estos recursos reforzando el acuerdo político para la utilización futura de los ingresos. En los casos de Chile y Noruega, que constituyeron Fondos de Ahorro para acumular, cabe mencionar que en el caso del primer país, se acumularon ingresos provenientes de los ingresos extraordinarios provenientes de la venta del cobre en los mercados internacionales, y en el caso del segundo país, comenzó a ahorrar los ingresos provenientes de la nueva riqueza petrolera proveniente de los pozos del Mar del Norte, son ejemplos de transparencia en el manejo de dichos recursos con fines de beneficiar a las futuras generaciones. Cualquier ciudadano del mundo, puede acceder a través del internet, a información detallada sobre las inversiones de los recursos y su utilización que realizan estos dos Fondos de acuerdo a la normativa aprobada por cada país. Estas publicaciones se actualizan de manera mensual y al final de año son auditadas por firmas internacionales de reconocido prestigio. La transparencia, es garantía de permanencia institucional.

En cuanto a la actividad petrolera, la misma genera importantes recursos para países en desarrollo, pero una institucionalidad débil, tiene como resultado, una administración deficiente, lo que ofrece amplio margen para actuar de manera corrupta y ejercer poderes discrecionales, lo que contribuye a lograr pobres resultados económicos debido a la opacidad con que se manejan y utilizan los ingresos provenientes de la explotación petrolera.

La no divulgación por parte del gobierno de los contratos de venta anticipada de petróleo, con el argumento que son reservados porque la transacción no ha terminado, contribuye a la desconfianza sobre las transacciones efectuadas y la utilización de los recursos. Además, los préstamos contratados con garantía de petróleo, en clara violación a ley que determina que ningún contrato u operación de endeudamiento público comprometerá rentas, activos o bienes de carácter específico del sector público, se mantienen en secreto, acogiéndose a una interpretación forzada de la Ley que determina, que cuando a criterio de ente rector de las finanzas públicas, la divulgación de la información contenida en actos administrativos, contratos, convenios o documentación vinculada con operaciones de endeudamiento público, pudiera ocasionar pérdidas o condiciones desfavorables a los intereses del Estado, la documentación será declarada secreta y reservada, hasta que culmine la operación respectiva. En el caso de los contratos de venta anticipada de petróleo y de los préstamos con garantía de petróleo hace rato que las operaciones culminaron, sin embargo, se continúa manteniendo el secreto, por lo cual hasta la fecha no se conocen las condiciones en que se realizaron las distintas operaciones y en que se utilizaron dichos recursos.

Publicaciones sobre la Deuda Pública

Los organismos responsables de la conducción de la política económica y financiera del gobierno, deberían transparentar la situación pasada, presente y futura del endeudamiento público. En este sentido, no es suficiente publicar cada mes, la lista de acreedores y deudores, los desembolsos realizados y los pagos por servicio de la deuda, que siendo información relevante, no permite efectuar un análisis más detallado del endeudamiento público, su incidencia en el gasto fiscal en los próximos años y su sostenibilidad. Por lo tanto, a la información anterior, se deberían detallar las tasas de interés a las que se ha contratado cada crédito, y los plazos de vencimiento, para poder elaborar una matriz del servicio de la deuda a futuro para evaluar cuán sostenible es la trayectoria del endeudamiento público bajo diferentes escenarios internos y externos. Finalmente, se debería eliminar todas aquellas normativas y decisiones que afectan a la divulgación transparente de la deuda pública que evitan conocer la real situación de la misma. El neteo del endeudamiento interno; la no contabilización de la deuda menor a un año; la declaratoria de secreta a ciertas operaciones de deuda; se deben eliminar para que la ciudadanía conozca los pasivos que se deben pagar con los dineros que se aportan a través de los impuestos y contribuciones, así como de los ingresos provenientes de la venta del petróleo que pertenecen a todos los ecuatorianos.

Con estos antecedentes, nos hacemos eco de la propuesta del Presidente de la República, de solicitar a la Contraloría una auditoría del endeudamiento público que abarque el período 2007-2017. Transparentando la contratación de miles de millones de dólares, tanto con relación a la deuda interna como la externa, es un reclamo ciudadano. Además, la auditoría no deberá realizarse solamente sobre los montos, sino más importante aún, deberá incorporar el destino de esos recursos que de acuerdo a la Ley solamente se pueden utilizar para financiar proyectos, planes y programas excluyendo los gastos corrientes.