Manipulación de las Cifras

Ha sido costumbre de los gobiernos autodenominados socialistas, pertenecientes al Foro de San Pablo, que cuando no le gustan los indicadores económicos y financieros que publican las instituciones técnicas, dejan de publicar los indicadores y/o alteran la metodología de cálculo para aparentar una mejora que no existe en la realidad. Estas conductas, afectan severamente la credibilidad de las estadísticas oficiales, quedando los sectores público y privado huérfanos de información clave que se requiere para planificar y tomar decisiones.

En el caso de Venezuela, el dictador decidió prohibir al Banco Central publicar cifras sobre inflación y desempeño económico. Organismos privados, instituciones internacionales y hasta el propio Congreso, se han dedicado a realizar cálculos aproximados sobre el comportamiento de los precios que evidencian que la economía se encuentra experimentando una hiperinflación. En este sentido, el FMI proyecta que los precios en Venezuela crecerán en este año en 14.000% y la economía decrecerá en un 15 por ciento. En la Argentina de la Sra Fernández sucedió una cosa similar, se le ordenó al instituto encargado de las estadísticas económicas, a falsear las cifras de inflación, crecimiento económico y pobreza, inventándose metodologías nada ortodoxas para acomodar los indicadores a su conveniencia.

En el Brasil, la Presidenta maquilló las cifras fiscales, ocultando operaciones de financiamiento con Bancos del Estado, lo que está legalmente prohibido, lo que provocó su interpelación y posterior destitución por parte del Congreso. En el Ecuador de la década perdida, se decidió aplicar una política de alzas periódicas de impuestos acompañada de un agresivo endeudamiento interno y externo para incrementar el gasto público y llevarlo a niveles incompatibles con el tamaño de la economía.

En el año 2010, por iniciativa del gobierno, se envió a la Asamblea un proyecto de ley, con el título de Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que introdujo un articulado que declaraba secreta y reservada a operaciones de crédito y que a su vez ponía un techo de 40% a la deuda pública con relación al PIB, sin prever que de continuar con esa política de contratar más deuda para financiar los desequilibrios presupuestarios se iba a llegar, más temprano que tarde, al límite establecido por ellos mismos. Para mantenerse en la zona de confort, el mismo Código estableció que en la contabilización del monto del endeudamiento no se debía considerar los papeles de deuda con plazos de vencimiento de hasta 360 días plazo, excluyendo del cómputo de la deuda a los certificados de tesorería que emite el Ministerio de Finanzas. Además, no debía considerarse como deuda a las preventas petroleras, los créditos que el Banco Central le comenzó a otorgar al Gobierno desde el año 2014 gracias al nuevo Código Orgánico Monetario y Financiero. Así mismo los créditos del IESS al gobierno no se contabilizaban, ni las operaciones crediticias que utilizaban al oro de la reserva como garantía.

Al continuar el endeudamiento demencial en el cual el gobierno se había embarcado, y dado que los ingresos no alcanzaban a cubrir los gastos cada vez mayores, decidieron de manera creativa cambiar la normativa para contabilizar la deuda pública, y de esa forma el Presidente decidió emitir el Decreto 1218 en el año 2016, invocando erróneamente lo que establece el Manual de las Finanzas Públicas del FMI para consolidar la deuda interna, bajo el concepto que los préstamos que otorga una institución pública a otra no constituyen deuda. Con este artilugio contable, lograron reducir la deuda notablemente, dejando más espacio para continuar con la irresponsable política de desequilibrios fiscales crecientes que año a año demandaban más deuda para financiar los excesos Por consiguiente, se colocaron agresivamente bonos en los mercados internacionales, se continuó con la preventa de petróleo, se pignoró el oro de la reserva por dos ocasiones, se hicieron operaciones de derivados con los bonos del Estado que el Banco Central tenía en sus libros, y se continuó metiéndole la mano a los recursos de la reserva internacional que el Banco Central los tenía en custodia. Previo a la colocación de los Bonos en el mercado internacional, el gobierno presentó a consideración de los posibles inversionistas un prospecto llamado “Oferta Circular” en el cuál, en la sección dedicada a explicar la deuda pública menciona que el techo de la deuda del 40% no se ha sobrepasado para lo cual se hace referencia al Decreto 1218 y a la supuesta metodología utilizada por el FMI para contabilizar la deuda interna. Inclusive, en las colocaciones de Bonos realizadas por el actual gobierno, en los prospectos de emisión, se utiliza el mismo argumento para justificar que el monto de la deuda pública se encontraba por debajo del límite del 40% del PIB que establece la ley. En este sentido, el Foro de Economía y Finanzas Públicas, en una comunicación dirigida al Presidente de la República y al Contralor (e) relativa al endeudamiento público, en una de sus partes menciona que la aplicación del Decreto 1218 para consolidar la deuda parte de una equivocada interpretación del Manual de Finanzas Públicas publicado por el FMI, por consiguiente el techo legal se había pasado hacía mucho tiempo atrás, lo que fue ratificado por la Contraloría y luego por el FMI. El nuevo gobierno que tomó posesión en Mayo 24 del 2017, continuó con la misma política amparándose en el Decreto 1218, defendido por el ex Ministro de Finanzas en varias ocasiones.

Los analistas económicos serios, advertían una y otra vez que se estaban ocultando operaciones de crédito, pero los creativos funcionarios a cargo de las finanzas públicas, elevaban sus voces en defensa de la metodología que se estaba utilizando argumentando que la deuda ya había sido auditada por el anterior Contralor prófugo de la justicia y que había holgura para continuar endeudándose. Finalmente, la Contraloría hizo públicos los resultados de la auditoría al endeudamiento público demostrando que las cifras de deuda habían sido falseadas, y que se habían emitido Leyes, Decretos y Resoluciones para alterar el registro contable de los distintos tramos de la deuda. El contraargumento de los implicados fue que lo único que habían hecho fue el de aplicar una norma contemplada en los manuales del FMI, hasta que llegó el momento en que el FMI con motivo de las reuniones de primavera en Washington en este mes de Abril, hizo público un documento, diciendo que sus técnicos no utilizan esa metodología para calcular el endeudamiento de los países. La defensa quedó sin argumentos, y la Ministra que hacía su debut en reuniones con las multilaterales, fue recibida con este reporte que tira abajo el argumento que esgrimió en un programa de opinión en el sentido de que el techo del endeudamiento todavía no se había alcanzado. Utilizando el documento de la Contraloría que establecía indicios de responsabilidad penal en contra del ex Presidente, ex Ministros de Finanzas y otros funcionarios, la Fiscalía decidió abrir una indagación previa en contra de los ex funcionarios, presuntos responsables de ocultar información sobre el monto de la deuda pública tanto a los ciudadanos residentes, como a los inversionistas que compraron Bonos ecuatorianos en los mercados internacionales en base a información alterada. Estos cuatro casos emblemáticos: Venezuela, Argentina, Brasil y Ecuador ponen en evidencia cómo, a través de la alteración de cifras, estos gobiernos condujeron al engaño a millones de ciudadanos haciéndoles creer que todo estaba en orden, que la “revolución” iba por el camino correcto, y que las críticas a sus logros, venían de la derecha conservadora, del imperialismo, y de los economistas ortodoxos neo liberales.

El tiempo ha demostrado que los responsables de la conducción económica en esos países, alteraron las cifras económicas, ocultando deliberadamente información que le era adversa, para exhibir a través de los aparatos de desinformación logros que no existían. Hoy los responsables deben responder ante la justicia, para que nunca más vuelva a ocurrir una situación como la que se ha vivido en los países miembros del llamado Foro de San Pablo.