Cuatro claves para entender la urgencia de eliminar el CPCCS

Hoy el elemento de nuestro diseño constitucional más lesivo a la vigencia de un verdadero Estado de Derecho es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Esta institución, prevista por la Constitución de Montecristi, se convirtió en el eje articulador del control que ejerce la Presidencia de la República sobre toda la estructura estatal. Es crucial iniciar un amplio debate que nos permita superar dicho esquema. Sin embargo, comprender la trascendencia de este organismo, así como la urgencia de eliminarlo, no es tarea simple para aquellos que no están inmersos en el tema. En consecuencia, creo apropiado esclarecer 4 puntos básicos para comenzar la deliberación:

1. ¿Por qué resulta tan trascedente el CPCCS?

El CPCCS es el organismo responsable de designar a los titulares de los principales organismos de control y regulación del Estado: Contraloría, Procuraduría, Fiscalía General del Estado, Consejo de la Judicatura, Corte Constitucional, Superintendencias, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral.

2. ¿Por qué se lo creó, con qué pretexto?

El Consejo fue creado, por la Constitución de 2008, bajo el objetivo teórico de “despolitizar” el nombramiento de los principales órganos institucionales, jurisdiccionales y de control. Se buscó, de acuerdo al discurso oficialista, alejar el proceso de nombramiento de los titulares de tales entes, de las negociaciones partidistas que se dan comúnmente cuando su designación depende de votaciones parlamentarias de listas propuestas por el ejecutivo. Esto se lograría, supuestamente, mediante procedimientos técnicos y transparentes como concursos de méritos y oposiciones abiertas. No obstante, en la práctica, no se logró dicho objetivo, sino todo lo contrario. Dichos procedimientos alejaron los trámites de designación del debate público, tornándolos opacos, complejos y manipulables.

3. ¿Quién controla al Consejo de Participación?

Del análisis del perfil de la mayoría de los vocales del Pleno del Consejo, órgano rector del mismo, vemos claramente que todos tienen vinculación con Rafael Correa y con Alianza País. En la mayoría de los casos esta vinculación es muy cercana y obvia. Como ejemplos vívidos, tenemos los siguientes casos: Yolanda Raquel Gonzales fue miembro de la Directiva Provincial del Guayas de Alianza País y hoy es Presidenta del CPCCS. Edwin Leonardo Jarrín Jarrín fue Subsecretario General de Despacho Presidencial (2013). Doris Lucía Gallardo Cevallos fue secretaria particular de la Presidencia en el 2008. Tito Fernando Astudillo Sarmiento fue Director General de Gestión Estratégica en el Ministerio de Inclusión Social (2013) y trabajó con Doris Solíz en el 2012. Xavier Burbano Espinoza trabajó en la Secretaría Nacional de Gestión de Pueblos (2014) y fue Intendente de Policía del Guayas (2012) cuando Viviana Bonilla era Gobernadora. Tania Elizabeth Pauker fue asesora de despacho en la Vicepresidencia de la República (2014). Juan Antonio Peña Aguirre fue asesor de la Secretaría General de la Presidencia de la República y Subsecretario de Seguimiento e Información de la Secretaría General de la Presidencia (2014).

4. ¿Qué podemos hacer para remediar esta situación?

La cuestión es compleja porque el CPCCS existe por expresa disposición de la Constitución de 2008, la que expresamente señala la forma y plazo de designación de sus vocales (arts. 207-210, CRE). Es decir, cualquier cambio de fondo implica pasar una reforma constitucional.