Yachay: el elefante blanco de la educación superior

El pasado martes 12 de septiembre, el Presidente de la República, visitó las instalaciones de Yachay Tech. Jorge Martínez, Gerente General de Yachay EP, expuso la situación actual que enfrenta la universidad, entre ellos: exceso de personal, falta de inversiones, poca infraestructura para los estudiantes y edificios con fallas estructurales. Además, con respecto al informe sobre atracción de inversiones en Yachay, este establecía $55 millones de inversión pero confirmaron $2.8 millones. El Presidente expresó su preocupación ante las falencias del proyecto emprendido por el ex presidente Rafael Correa.

Las soluciones propuestas por el Gobierno son:

1. Replantear el proyecto Yachay – Plan Maestro, con una mejor articulación entre sus componentes: Ciudad, Universidad y Zede 2. Sanear problemas de infraestructura 3. Exámenes especiales de la Contraloría a la administración de Yachay EP (marzo 2013 – junio 2017)

La Ciudad del Conocimiento en cifras. Este año, la Universidad recibió $ 33.785.300 por parte del Estado. Actualmente cuenta con 1000 alumnos y su proyección es lograr el ingreso de 5 mil estudiantes de pregrado en los siguientes 4 años, y llegar a tener 10 mil en total, incluyendo a los estudiantes de postgrado. Los alumnos de Yachay son quienes reciben la mayor inversión pública: en 2015 la Universidad Central del Ecuador recibió el equivalente a $3.432 alumno/año (promedio para el resto de universidades públicas), en contraste, para los alumnos de Yachay, esta asignación fue de $47.058 por alumno/año. Con el dinero que recibió Yachay, se pudieron repotenciar varias universidades públicas con mejor tracyetoria. La situación de la universidad demostró que más inversión e infraestructura no se traduce en mejor calidad educativa. Por ello es primordial la revisión de los obstáculos legales que lo impiden.

La educación superior necesita reformas. Durante los últimos 10 años, este sector fue dirigido bajo criterios políticos más no técnicos. Las entidades como el Senescyt, no regulan a las universidades sino que las persiguen. Se aplicaron regulaciones injustas para todas las instituciones, sin importar la especialidad de la Universidad. Asimismo, se reguló el salario de los profesores, en qué se debe invertir las ganancias y la prohibición de lucro en las universidades privadas. Incluso, las universidades privadas han sido perseguidas por el SRI por supuestas irregularidades tributarias.

Aunque el Gobierno inauguró 3 universidades públicas, implementó un programa de becas y aumentó el presupuesto al 2% del PIB, los problemas estructurales aún persisten:

• Senescyt resigna a los jóvenes a estudiar carreras que no quieren. De un total de 229.490 jóvenes que ingresan a dar el examen, solo el 54% de los aprueban acceden a un cupo para su primera opción de carrera. Los demás tienen que conformarse con la segunda, tercera, cuarta o hasta quinta opción. El sistema los orilla a escoger un mal menor: estudiar algo que no querían para evitar quedar fuera de la universidad.

• Hay más gastos corrientes que becas. Para diciembre de 2016, la SENESCYT gastó $58 millones y apenas destinó $9 millones en becas. Es decir, el 85% del gasto de la entidad se va en el mantenimiento de la institución y similares.

El Estado lleva su lucha en contra de los paraísos fiscales hasta la educación superior. Ley Orgánica de Educación Superior también combate a las offshore. Según, Leonardo Orlando titular del SRI, 5 universidades ecuatorianas estarían vinculadas a empresas offshore. Ante esto, el Consejo de Educación Superior (CES) presentó un informe ante la Asamblea en el que se propone combatir el lucro en las universidades privadas. Se establecieron reformas, entre ellas: darle más competencias al CES para sancionar, controlar salarios y el presupuesto de las universidades. Las nuevas reformas legales en torno a los paraísos fiscales no responden a un criterio técnico sino a uno político.

Es necesario recuperar la autonomía universitaria. Se deberían aplicar reformas legales orientadas a reforzar la autonomía en las universidades para que establezcan sus propios procesos de admisión y la regulación siguiendo criterios técnicos. Asimismo, promover la implementación de acreditaciones internacionales, para que no persiga y no encasille de acuerdo a lineamientos políticos a ninguna institución de educación superior. El sistema educativo deberá responder a las verdades necesidades de los estudiantes universitarios.

Yachay fue un capricho del Gobierno. En 2010, se aprobó el Código de la Producción en el que se incluye una legislación especial para las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE). Según dicha Ley, las ZEDE serán únicamente implementadas en el área industrial, logística y tecnológica. Todos los proyectos bajo esta modalidad de zonas especiales son promovidos o vinculados al Gobierno, o megaproyectos estatales. En 2013, Yachay nace como parte del proyecto de las ZEDE “La Ciudad de Conocimiento”, que pretendía ser un cluster tecnológico e industrial. Ecuador, si bien ofrece incentivos, estos están sujetos a requisitos específicos alineados con el cambio de la matriz productiva, además de priorizar la inversión pública. Además de los incentivos condicionados del Gobierno, la evidencia sugiere que este tipo de proyectos necesitan seguridad jurídica e institucional para prosperar, ambos aspectos resultan débiles en Ecuador según el índice Doing Business.